La infraestructura pública es un bien fundamental para el crecimiento económico y el bienestar social, que permite a la sociedad el acceso a atención médica, educación, vivienda digna, seguridad pública, justicia, salud, incluso es vital para el fomento cultural y deportivo.

La pandemia provocada por el Covid-19 nos mostró la importancia de contar con infraestructura pública robusta, sólida y eficiente; lamentablemente, también limitó el presupuesto de los gobiernos debido al gasto público destinado a las acciones de mitigación y respuesta a las afectaciones económicas de la pandemia.

En esta coyuntura, las Asociaciones Público Privadas (APP) representan la opción inmejorable para incentivar la participación del sector privado para construir, desarrollar, mejorar, operar y mantener la infraestructura pública con altos estándares de calidad, competitividad, rentabilidad social y transparencia, lo que permite a los gobiernos la gestión especializada de servicios esenciales para los ciudadanos.

Para entender los beneficios de las APP, el tiempo es la clave: primero, se firma un contrato en el que se fija un monto de pago que no cambiará nunca 25 años; después, la iniciativa privada hace la inversión total requerida para la construcción, operación, mantenimiento y equipamiento de obras. Este periodo inicial dura aproximadamente dos años, en el que la iniciativa privada asume los riesgos de aumento de precio en los insumos de construcción y de los insumos operativos durante las décadas de mantenimiento.

Una vez finalizada la obra, inicia la operación de la infraestructura. La iniciativa privada es la encargada de la administración, mantenimiento y adecuado funcionamiento del edificio y sus equipos, de tal forma que el gobierno pueda dedicarse a lo que mejor sabe hacer; por ejemplo, si es un hospital, el operador se encarga de los alimentos de los pacientes, los camilleros, la limpieza de todas las áreas, los desechos sólidos y sanitarios, así como el mantenimiento, reparación y reemplazo de los equipos que lleguen a fallar; el gobierno, se dedica sólo a la salud, teniendo la única responsabilidad de suministrar medicamentos y personal médico y de enfermería de calidad.

Otro ejemplo podría ser una escuela, donde la iniciativa privada financia, construye y equipa el plantel educativo para, posteriormente, administrarlo con limpieza, mantenimiento de jardinería, infraestructura deportiva, cultural, laboratorios, talleres, equipamiento tecnológico, digital y bibliotecario; es decir, todos los elementos que requiere el alumnado y cuerpo docente para la educación de calidad. El gobierno se enfocaría en el talento, calidad y dirección educativa.

Es importante resaltar que sin la inversión total inicial que realiza la iniciativa privada es muy probable que el gobierno no pueda construir, por ejemplo, un hospital general por el que se tendrían que erogar más de mil 300 millones de pesos. Además, a través de las APP, el gobierno puede generar ahorros por 35% del total de cada proyecto.

Por lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que las Asociaciones Público Privadas en América Latina son fundamentales para la recuperación económica. México, Chile y Brasil son los países que más han impulsado este modelo de inversión; mientras que, Guatemala, Panamá, Perú y Colombia avanzan en su consolidación.

* José Gabriel Bueno es Director de Infraestructura Internacional en Marhnos

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